No es para menos. En los mercados mayoristas, los precios de la electricidad y del gas se han multiplicado por cinco en el último año. A lo largo de la década anterior, los primeros oscilaron en torno a los 45€/MWh; los segundos, en torno los 20€/MWh. Hoy, la electricidad cotiza a 250€/MWh y el gas a 100€/MWh, sus precios presentan una fuerte volatilidad y han alcanzado cotas nunca antes vistas: 700€/MWh y 200/€MWh, respectivamente. En tasa interanual, el IPC de febrero ha sido del 7,6%, aupado por una subida del 80,5% de la electricidad, subida que en realidad es muy superior porque esconde las rebajas de impuestos y cargos aprobadas por el Gobierno. El encarecimiento de la energía afecta directamente a las facturas de empresas y hogares, pero se transmite también a los precios de todos los bienes y servicios de la economía. No en vano, la inflación subyacente ya ha alcanzado el 3%. La reducción en la renta disponible de los hogares y la merma en la competitividad de las empresas debilitan la economía.

¿Cómo hacer frente a ello? El encarecimiento del gas, provocado en buena parte por el comportamiento de Rusia en preparación de la guerra, está detrás de la subida del precio de la electricidad. Esta subida se ha amplificado por efecto de la regulación, que hace que toda la electricidad se pague a precio de gas cuando apenas representa poco más del 15% del total de la generación eléctrica. Por eso, el presidente del Gobierno español está dando la batalla en Europa para que se nos permita desacoplar el precio del mercado eléctrico del del gas.

La palabra desacoplar ya está en boca de todos. Pero, ¿qué quiere decir exactamente? Según la Real Academia Española, significa «separar lo que estaba acoplado». Gas y electricidad están acoplados porque en nuestros mercados eléctricos se retribuye toda la electricidad según la oferta de la central más cara que haya sido necesaria para cubrir la demanda, y que suele ser o bien una central de gas o una hidroeléctrica que asume, como referencia, los costes del gas. Desacoplarlos significaría que esto dejara de ser así. Entonces, ¿cómo se pasaría a retribuir la producción de las centrales que no consumen gas? 

Existen distintas maneras, pero el Gobierno parece haberse decantado ya por una: como ha anunciado la vicepresidenta Teresa Ribera, la propuesta es introducir un precio máximo en el mercado eléctrico de 180€/MWh. Todas las centrales serían retribuidas a este precio y las de gas, además, recibirían una compensación por sus mayores costes. Es decir, el mercado ya no sería el que fijara la retribución de las centrales que no consumen gas (nucleares, hidroeléctricas, carbón y renovables) sino que su precio quedaría fijado por el regulador. Se desacoplan del gas, pero se acoplan a un precio regulado de 180€/MWh. 

Aun teniendo en cuenta que hay muchos detalles que todavía desconocemos, la eventualidad de que esta propuesta acabe siendo aprobada suscita una serie de preguntas.

Si se acepta que paguemos un precio regulado por la electricidad, ¿qué papel desempeña entonces el mercado? No jugaría papel alguno, aunque se pretenda. ¿En qué momentos se va a despachar la producción hidroeléctrica a falta de la señal horaria de precios? Y respecto al almacenamiento, ¿qué diferencias de precios va a arbitrar si el de la electricidad va a permanecer esencialmente constante? ¿O es que se va a asignar la gestión de estas centrales al Operador del Sistema? ¿Y qué pasará con las centrales de carbón, cuyos costes ya superan los 200€/MWh, si son retribuidas a un precio inferior a sus propios costes?

Si se regula el precio máximo, no es lo mismo hacerlo a 45€/MWh (la media de precios de la década anterior), a 75€/MWh (el precio implícito en el RD 17/2021 que el Gobierno estaba dispuesto a aplicar en septiembre pasado para detraer los beneficios excesivos de las empresas eléctricas) o a 180€/MWh, como ahora se propone. Con datos de la producción media móvil de cada tecnología, fijar un tope de 180€/MWh supondría que por la suma de la producción nuclear, hidroeléctrica y renovable la ciudadanía pagaría al año más de 16.000 millones de euros que si se aplicara el RD 17/2021 (de forma neutral al tipo de contrato, como ha establecido la Comisión Europea) o 23.000 millones más que si los precios del mercado eléctrico hubieran permanecido estables en torno a la media de la década anterior. Son estimaciones basadas en supuestos, pero que aportan órdenes de magnitud.

En cualquier caso, la comparación que resulta aún más significativa es frente a los costes de las distintas tecnologías. En el caso de nucleares e hidroeléctricas, cuyos costes de inversión ya han sido recuperados, los costes variables podrían oscilar en el entorno de los 20-30€/MWh para las primeras y los 10-20€/MWh para las segundas. Retribuir su producción a 180€/MWh supondría consolidar una fuerte sobre-retribución para estas centrales… menor que la que actualmente obtienen a precios de mercado, pero en cualquier caso muy superior a la comprometida con los propietarios de las centrales en el momento de las correspondientes inversiones, y e igualmente muy superior a cualquier expectativa de rentabilidad que pudieran haber tenido antes del comienzo de la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania. La situación de las renovables es distinta porque las inversiones se hicieron ya en el marco del mercado presente, aunque sus expectativas legítimas no podían contar con precios de guerra. Por tanto, cabe preguntarse: puestos a desacoplar nucleares e hidroeléctricas del precio del gas y a regular sus precios, ¿por qué no las ‘acoplamos’ a valores que reflejen mejor sus propios costes para que los consumidores no paguen de más?

El precio máximo determinaría, por diferencias con el coste de la generación con gas, la cuantía de la compensación a los ciclos combinados. Por ejemplo, con un precio máximo de 180€/MWh, esa compensación al gas oscilaría entre los 1.200 y los 6.700 millones de euros al año para precios de éste entre los 100 y los 180€/MWh. Pero la mayor parte del gas se compra mediante contratos a largo plazo a precios muy inferiores a los actuales, sin posibilidad en muchos casos de reventa. Por tanto, ¿por qué cabría compensar a las empresas propietarias de las centrales de gas con precios del gas en los que seguramente no han incurrido ni que podrían obtener en los mercados internacionales?

Además, en el contexto actual de elevados beneficios de las empresas eléctricas y de un empobrecimiento general de la ciudadanía, ¿sería defendible desde un punto de vista político y deseable desde uno económico que se compense desde los Presupuestos Generales del Estado la generación eléctrica con gas, o que esa diferencia la paguen los consumidores vía tarifa eléctrica? ¿Y desde el punto de vista de la transición energética, sería defendible y deseable? Por último, en el caso de que se optara por subvencionar el gas vía Presupuestos, ¿qué impacto tendría, teniendo en cuenta que podemos entrar en un escenario recesivo precisamente provocado por la inflación, con necesidades crecientes de apoyo a la economía y con merma en la recaudación?

Poner precios máximos en los mercados mayoristas de electricidad es mejor que no hacer nada. Y será mejor, cuanto más cercanos a los costes de las distintas tecnologías se fijen estos precios. Pero no es la solución. En el corto plazo, fijar un precio máximo de 180€/MWh no lo es porque implicaría cuadriplicar el precio de la electricidad frente a la media de la década anterior, y duplicar el precio promedio de 2021 (provocando inflación interanual). En cualquier caso, podría generar distorsiones en el uso eficiente de las distintas fuentes de generación. En estos momentos, es prioritario quebrar las expectativas inflacionistas que alimentan la propia inflación. Esta espiral letal no se corta con un precio máximo de 180€/MWh.

Hay alternativas más eficaces para contener la inflación y que resultarían menos distorsionadoras para el mercado eléctrico: una aplicación mejorada del RD 17/2021 (amparada ya por la Comisión Europea), el adelanto del ajuste retributivo al Recore y la agilización de la Ley de minoración del CO2, cuya tramitación está incomprensiblemente parada en el Parlamento desde hace casi un año.

Los precios máximos tampoco serán la solución para el largo plazo, porque el diseño de los mercados eléctricos que resultaría adecuado para la ‘descarbonización’ dista del actualmente vigente. Es tan urgente atajar el encarecimiento de la energía como empezar a reflexionar sobre el mejor diseño regulatorio del mercado eléctrico que permita avanzar en la transición ecológica al menor coste para la sociedad. Ello será la mejor garantía para que nuestra energía sea limpia, segura y asequible, fortaleciendo además nuestra economía; porque si no abordamos ya esta reflexión, acabaremos también llegando tarde.