JURISPRUDENCIA
El pasado 29 de septiembre el Pleno Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia núm. 119/2022¹, en la que se analizan los requisitos que deben cumplir las empresas para utilizar las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia con fines disciplinarios. En el supuesto concreto, la Sala concluye que se dan los elementos exigidos en el art. 89 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), por haber captado la comisión flagrante de un acto ilícito por parte del trabajador. La sentencia contiene un voto particular al que se adhirieron cinco de los once magistrados.
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