Hacia una reducción sustancial, generalizada y equitativa de la jornada laboral

La reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldos ha sido una reivindicación central del movimiento obrero desde sus inicios. La lucha histórica por la implantación de la jornada máxima de 8 horas diarias consolidó para siempre la disputa por el tiempo de trabajo en la agenda social. Hoy, 1 de mayo, recordamos a los caídos de aquella larga batalla, cuyo sacrificio abrió el camino para una reducción permanente de las jornadas de trabajo, única forma de compensar a favor de la mayoría los aumentos de productividad que se van acumulando en las economías capitalistas por las mejoras organizativas o tecnológicas y los resultados de la competencia entre empresas.

Desde la década de 1970, es una política más ligada a la creación de nuevos empleos, el lavorare meno per lavorare tutti, y tuvo una fuerte repercusión en décadas pasadas, avivada por importantes cierres industriales, la terciarización del modelo productivo, las privatizaciones de sectores públicos estratégicos esenciales y las crisis cada vez más recurrentes. Como han demostrado las investigaciones de Nacho Álvarez, Ricardo Molero, Bibiana Medialdea, Paloma Villanueva, y otras, durante la larga década perdida en España se tomó la vía de la cronificación del paro masivo y el ajuste contra el salario, lo que supuso una forma regresiva e insolidaria de hacer frente a las dificultades de las empresas, ocasionadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, la larga desindustrialización y la competencia capitalista global.

El resultado es por todos conocido y la situación estaba lejos de recuperarse para las mayorías sociales cuando llegó esta nueva crisis provocada por la COVID-19. La pandemia que estamos sufriendo ha agudizado las contradicciones del modo de producción capitalista a nivel mundial. En el caso de la economía española, el deterioro de los servicios públicos, la alta temporalidad en el empleo y el alto nivel de paro, el aumento de la desigualdad y de la población en riesgo de pobreza o la baja presión fiscal sobre las rentas de capital son algunas de los problemas endémicos que urge corregir.

La economía española ha ido generando un modelo laboral cada vez más dual entre hombres y mujeres, con una participación diferenciada en el empleo por sectores que lo condiciona todo, ocasionando un reparto crecientemente desigual entre sexos de las horas extraordinarias y de la parcialidad en el empleo, ambas a menudo forzadas. Este patriarcado laboral mercantilizado impacta en una persistente división sexista de los cuidados. Además de favorecer un aumento de la productividad de las empresas y una distribución más justa de la renta, una reducción del tiempo de trabajo (RTT) sustancial y generalizada es una condición necesaria para el reparto igualitario de los trabajos de reproducción de la vida. En 2016, en Madrid, Carolina del Olmo concluyó el plenario final de las XV Jornadas de Economía Crítica afirmando que la reducción de la jornada laboral es seguramente la reivindicación feminista que mejor entronca con la tradición del movimiento obrero. Es, además, una medida política que el movimiento ecologista y los partidos verdes impulsan en muchísimos países.

Aprovechando las ventajas de que una mejor vida de las plantillas sea una fuente de reducción de costes, las empresas se beneficiarán de las mejoras productivas, el menor absentismo y la prevención de una siniestralidad que se concentra en las horas finales de la jornada laboral. Las opciones de creación de nuevos empleos dependerán en gran medida de los mecanismos de financiación y mantendrán una relación inversa con las opciones de flexibilización y reorganización de tiempos que acompañen la nueva legislación sobre el tiempo de trabajo.

Es de celebrar que recientemente se haya vuelto a poner sobre el tapete este debate. Se ha anunciado que se pondrá en marcha en 2021 una experiencia piloto de la semana laboral de 4 días o 32 horas, así como una próxima ley del tiempo de trabajo que será abordada en la negociación colectiva por Yolanda Díaz que, como vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, seguro hará llegar a buen puerto este puñado de buenas razones.

Partidos políticos y agentes sociales deben plantearse su estrategia en la materia y buscar formas de financiación que sean equitativas y redistributivas entre las empresas, además de aprovechar los aumentos esperados en recaudación para plantear posibles ayudas a la contratación, con posibilidad de exonerar o incluso bonificar a las empresas que requieran de nuevos empleos en el paso de sus plantillas a 34 o 32 horas semanales. Académicos, consultores, juristas laboralistas, estudiantes, militantes sindicales y empresas innovadoras podrían colaborar desde sus ámbitos al estudio y aplicación de esta propuesta, favoreciendo también los medios de comunicación la difusión de la reducción de la jornada como forma viable de empezar a arreglar algunos problemas.

Como siempre recuerda Mikel de la Fuente, la RTT es la forma más barata de reformar la economía a favor de la mayoría trabajadora. En los siguientes años toca discutir las alternativas posibles, modulando el alcance y las vías de implementación negociada de la reducción del tiempo de trabajo, poniendo todo de nuestra parte para que este debate se aborde cuanto antes. Urge revertir la desigualdad, acabar con el sexismo laboral y arreglar la crisis de los cuidados, siendo la reducción de la jornada laboral la mejor forma de hacerlo. No se trata de ninguna quimera y hay margen para ello. Hay margen para que la reducción de la jornada sin reducción de sueldos se financie solidariamente por todas las empresas, con los objetivos de mejorar la productividad y repartir justamente la renta, el empleo, los cuidados y las contribuciones fiscales.