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Artículo publicado en Economistas Frente a la Crisis 01/03/2021

“The Walking Dead”, o la reforma laboral de 2012

Cada vez es más evidente que la implementación de aquella reforma laboral no fue una cuestión de eficiencia económica, sino de poder de imposición y de actuación

Alberto del Pozo

Alberto del Pozo

Economista.
Coordinador del Área económica del Servicio de Estudios de UGT

Se han cumplido nueve años de la reforma laboral de 2012. Una reforma que está muerta, pero sigue haciendo daño. Como los zombis de las series televisivas, apenas se sostiene en pie, pero sigue avanzando, corroyendo las relaciones laborales de nuestro país. Sin embargo, hace tiempo que se pudre. Es lo que sucede cuando una norma demuestra año tras año (y así, nueve seguidos) que no solo no sirve para arreglar ninguno de los problemas para los que se creó, sino que en algunos casos los estropea más. Y llega un punto en el que no vale para nada, y solo genera complicaciones y un enorme rechazo popular. No la quieren ni siquiera muchos de quienes la impulsaron y jalearon; pero no se atreven a reconocerlo. Y mientras tanto, ahí sigue, incordiando a diario, y lastimando a miles de personas trabajadoras por la vía de dificultar su precaria existencia laboral.

Que la reforma de 2012 se está pudriendo no es de ahora. Como semilla del diablo, nació por la fuerza y con engaños. Sin defenderlo en su programa electoral, y pese a declarar que las relaciones laborales debían ser acordadas por los interlocutores sociales, el Gobierno de Mariano Rajoy la aprobó unilateralmente por decreto ley el 10 de febrero de 2012, sin diálogo ni siquiera consulta… y solo dos semanas después de que sindicatos y organizaciones empresariales firmaran un acuerdo con criterios compartidos en materias clave de la negociación colectiva y de las relaciones laborales (el II AENC). El antidiálogo social. Así nació la reforma laboral más “agresiva” (de Guindos dixit) de nuestra democracia reciente, que desequilibró de manera determinante las relaciones laborales en favor de las empresas.

En diciembre de 2018 se cayó ya una de las novedades que había introducido, el mal llamado contrato de apoyo a emprendedores, cuya mayor innovación esencial consistía en que, siendo teóricamente un contrato indefinido, tenía un período de prueba de un año con coste de rescisión nulo. ¿Resultado? Pues, como era esperable, que la mayoría de esos contratos no llegaban a superar el año de duración. Un contrato fallido, que se eliminó con buen criterio por inútil y precario.

Con alguna otra excepción (como la consideración de las bajas por enfermedad como causa de despido objetivo, que ha sido derogada), el resto de medidas permanecen, pero sus resultados son igualmente tristes. Todo el mundo sabe que ha sido un enorme fracaso, que no ha conseguido ninguno de los loables objetivos que teóricamente decía perseguir en su exposición de motivos. Ni más empleo, ni más estabilidad, ni más flexibilidad interna, ni mejor adaptación empresarial. Nada. De nuevo, lo previsible. Al abaratar y facilitar los despidos, en los años de crisis 2012-2013, se agudizaron los despidos y la pérdida de empleo (2012 fue el segundo año con mayor destrucción de la historia, tras 2009). La tasa de temporalidad del empleo no solo no ha cedido, sino que creció constantemente de 2013 a 2018, hasta alcanzar su nivel más elevado desde 2008 (26,8%). Se siguieron haciendo cada vez más contratos de corta duración (el 27,3% duraron menos de siete días en 2019). La rotación laboral aumentó, tanto para los contratos temporales como para los indefinidos. El empleo a tiempo parcial ha reforzado su carácter involuntario, como figura precaria a medida de la discrecionalidad empresarial*.

Con todo, el perverso impacto de la reforma de 2012 tiene mucho de invisible, por cuanto la peor parte no se recoge en las estadísticas. Lo viven y lo cuentan los trabajadores y las trabajadoras que sufren ese mayor poder discrecional de la empresa cuando les imponen de manera unilateral una rebaja de sus salarios y condiciones laborales (a través del art. 41 ET), o con la espada de Damocles de un despido más fácil y barato (arts. 51 a 56 ET). Y también cuando se ven forzados a empeorar sus convenios, con la presión de que, si no hay un acuerdo que renueve el anterior, el convenio “caduca” en un año (pérdida de la llamada utraactividad, art. 86), pasando a estar sus condiciones laborales regidas íntegramente por las (inferiores) del convenio de ámbito superior (si éste existe), o pasando a formar parte del contrato individual de trabajo. Lo cual no es mucha protección (ninguna para los nuevos trabajadores a los que ya no se les aplican esas condiciones), porque el empresario puede echar mano del artículo 41 para rebajar nuevamente esas condiciones. No hay escapatoria.

Tampoco las empresas han logrado una mejor adaptación de los convenios a sus necesidades, sino que, al otorgar la primacía al de empresa (art. 84.2. ET), se ha propiciado el surgimiento de nuevos marcos laborales cuyo principal efecto es hundir las condiciones laborales establecidas en los convenios de sector, compitiendo así con menores costes y empleo más precario. Pura competencia desleal o dumping laboral, que perjudica a las empresas más eficientes y a las personas asalariadas, y que ha propiciado el auge de las empresas multiservicios.

Todas estas cuestiones son bien conocidas, y se han explicado de manera extensa y certera. Los intentos por justificar aquella fallida reforma, que solo ha dislocado el mercado laboral, son cada vez más lúgubres. La reforma laboral de 2012 es una medida zombi, y hay que finiquitarla. Tan zombi como otras ideas o actuaciones que hoy defienden cada vez menos expertos e instituciones, porque han demostrado ser erróneas: la austeridad expansiva aplicada desde 2010, que hundió las economías europeas; la reforma de pensiones de 2013, que pretendía presuntamente salvar la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuando lo que buscaba era recortar drásticamente sus cuantías; o la crítica sistemática a las subidas de salario mínimo, cuyo supuesto impacto negativo sobre el empleo se reconoce ya mayoritariamente indemostrable o irrelevante.

Cada vez es más evidente que la implementación de aquella reforma laboral no fue una cuestión de eficiencia económica, sino de poder de imposición y de actuación: de las empresas contra las personas asalariadas, en la negociación colectiva y en su gestión cotidiana; de las grandes empresas contra las pequeñas; de los negocios insostenibles y volátiles contra los viables y eficientes; del cortoplacismo especulador contra el verdadero emprendimiento. Es difícil encontrar una actuación tan contraria a los objetivos buscados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ahora se está debatiendo y terminando de concretar, que debe impulsar un cambio estructural de nuestro tejido productivo para hacerlo más robusto y sostenible. Con un mercado laboral enfrentado y desequilibrado, no será posible.

Alguna de las vías para abordar una nueva regulación laboral las ha mostrado la experiencia en 2020, durante la mayor recesión de nuestra historia moderna, provocada por la pandemia de Covid-19. En el pasado año el número de despidos totales fue de 499.986, un 36% menos que los realizados en 2012 (777.328), y casi la mitad que en 2009 (950.627). La razón ha sido la promoción incentivada de ajustes de empleo temporal (ERTE), de manera consensuada entre los interlocutores sociales, que ha frenado la destrucción de empleo prohibiendo los despidos. Pero inquieta pensar qué puede pasar cuando finalice el apoyo a estas medidas de regulación temporal si continúa vigente la actual normativa laboral, con su facilidad para despedir tanto colectiva como individualmente.

Por todo ello, cabe exigir al actual gobierno que actúe y que no siga retrasando la toma de decisiones sobre esta cuestión. Son ya demasiadas demoras, declaraciones contradictorias y dudas en un ámbito que exige una actuación leal y firme. Porque, si el actual gobierno comparte las reflexiones que antes se han mencionado (u otras del mismo tenor) y considera que, efectivamente, la reforma laboral de 2012 ha sido globalmente nociva –y, en algunos aspectos, de manera muy señalada-, solo cabe que la derogue o modifique de una vez, porque su inacción estaría implicando, en el fondo, una manifiesta connivencia con aquella y con quiénes la defienden.

Y si, por contra, lo que sucede es que, bien en su conjunto o bien algún Departamento ministerial de peso, considera que la reforma laboral de 2012 ha tenido efectos positivos y no hay que revertirla –y de ahí la resistencia que mantiene-, lo que debería hacer es explicarlo públicamente, ofrecer los datos objetivos que sustentan tal opinión y someterlos al debate público, aclarando por fin su postura y no confundiendo más a los interlocutores sociales y, sobre todo, a millones de personas trabajadoras que llevan más de nueve años sufriendo el perverso efecto de una legislación laboral ineficiente e injusta.  

La pregunta por tanto es: ¿Cuántos capítulos o temporadas nos quedan por soportar de esta penosa serie de zombis? El Gobierno tiene la respuesta. Pero por favor, no se escuden más en el diálogo social en esta materia. La reforma de 2012 se implantó por la fuerza, y de la misma manera cabe eliminarla, a golpe de decreto ley, comprobado el inmovilismo interesado de la patronal en esta materia. Por eso, hagan el favor de rematarla y enterrarla. Y luego, pongámonos a negociar un marco de relaciones laborales moderno, más eficiente y más justo.

      *En 2020 el impacto de la pandemia y las medidas aplicadas para combatirla han distorsionado los resultados del mercado de trabajo de manera puntual y extraordinaria, por lo que no se recogen en este somero repaso de cifras. No obstante, esto no afecta a la esencia de lo señalado.

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